Deslealtad Institucional

por el Dr. Ope Pasquet

“Al que madruga, Dios lo ayuda”, habrá pensado el Dr. Tabaré Vázquez cuando decidió empezar, a comienzos del 2011, su campaña para las elecciones del 2014.

 Al hablar hace unos días en un comité de base del Frente Amplio cercano a su domicilio, y quizás  para asegurarse la ayuda divina, el Dr. Vázquez invocó la opinión del papa Benedicto XVI en el sentido de que “No siempre las mayorías tienen que tener la  última palabra en una democracia, porque se  pueden equivocar...”. 

Según el Dr. Vázquez, los dos plebiscitos que hubo en Uruguay acerca de la Ley de Caducidad no tienen valor, porque en cuestiones de esa naturaleza, no importa lo que decida la mayoría. Por eso, exhortó a los legisladores frenteamplistas a votar unánimemente por la anulación de la ley. Palabras más, palabras  menos, esos fueron sus conceptos.

 Yo no tengo inconveniente en reconocer que la mayoría no siempre tiene razón, pero me parece evidente que en los asuntos públicos nadie tiene más derecho a decidir que ella. Si admitimos el principio de igualdad entre las personas (“nadie es más que nadie”), la única forma racional de dirimir las disputas consiste en contar los votos y estar a lo que la mayoría resuelva.

 Por otra parte, ¿quién se siente con derecho a enmendarle la  plana a la  mayoría? ¿El Congreso del Frente Amplio? ¿La Mesa Política? ¿O será  suficiente con la opinión del Dr. Tabaré Vázquez? Este tipo de preguntas es el que suele quedar sin respuesta. Ningún candidato a “iluminado” resiste la crítica racional.

En estos tiempos en que tanto la Suprema Corte de Justicia de nuestro país como la Corte Interamericana de Justicia se han pronunciado en contra de la Ley de Caducidad, a los amigos del Dr. Vázquez se les podría ocurrir decir que, en temas de Derechos Humanos, no deben decidir las mayorías, sino la Justicia..

Cabría entonces preguntarles por qué, en ese caso, promovieron el referéndum de 1989, en vez de conformarse con la sentencia de la Suprema Corte que en 1988 se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Caducidad; o por qué promovieron el plebiscito de 2009, para anular la ley, en lugar de sentarse a esperar el fallo de  los tribunales.

Sucede que a algunos no les importa realmente lo que quiera la mayoría, ni lo que decidan los jueces, salvo en la medida  en que coincida con sus propósitos. 

Llamar a los ciudadanos a votar y luego, ante el resultado adverso, decir que su voto no importa, es ser desleal para con la democracia y sus instituciones.

No es agradable decirlo, pero es así.

Hay que mandar parar

por  Julio Maria Sanguinetti | Ex Presidente del Uruguay

Tiempos extraños los que vivimos. Diálogo político fluido, bonanza económica internacional como nunca antes, mayoría parlamentaria del oficialismo, oposición respetuosa, un Presidente que habla calmo y hasta reconoce logros de gobiernos anteriores. Cualquiera diría que el ciudada- no uruguayo puede sentirse cómodo, más allá de las naturales diferencias de opinión. Sin embargo, detrás de esa escena casi mirífica, nos encontramos con una sociedad atemorizada por el delito y una educación que se cae a pedazos.

La sumatoria de estos dos factores ha llevado a un real desasosiego. Los jóvenes fueron a los liceos y ya el primer día prácticamente no hubo clase. Cuando los números nos acorralan con la evidencia de que la mitad no termina secundaria y de que un tercio de la generación entre 14 y 24 años ni estudia ni trabaja (la nueva generación "ni-ni"), la única respuesta conocida es tirar un millón de dólares para repartir un subsidio a alumnos a los que sólo les basta ir a clase… En vez de premiar a los mejores, para alentar la superación por medio del esfuerzo inteligente, la respuesta es subsidiar a los peores para que no falten, aunque no estudien, que esto parece no importar.

Esta terrible antipedagogía se emparienta, también, con las famosas contribuciones en dinero que, en vez de tender a superar la pobreza, la enquistan para siempre. Ese necesitado que recurre a la ayuda del Estado, sigue siendo tan pobre como antes, continúa en su misma vivienda y no accede a mecanismos de aprendizaje técnico u oportunidades educativas que le permitan mirar hacia arriba. Seguirá tan pobre como antes y su hijo crecerá viendo a su padre sin trabajar, haciendo alguna changa para complementar el subsidio y con ello darse algún gusto. Eso sí, el gobierno puede mostrar, estadísticamente, que el ingreso de esa persona ha mejorado y "salió" de la pobreza. La realidad nos dice que, lejos de salir, se quedó para siempre, como un mendigo presupuestado.

Lo peor de estas dádivas, que van minando los valores de la sociedad, es que, aplicadas también en Brasil y Argentina, han rendido electoralmente. Esa gente dependiente pierde su libertad de conciencia.

Todo esto se acompaña con elementos que hacen a la sustancia de la democracia. La ley de caducidad se ratificó dos veces por el cuerpo electoral. No hay jurista que se atreva a decir que el gobierno o el parlamento tienen capacidad para modificar lo que resolvió el órgano máximo de la soberanía. Pero no se hace caso, porque contra los militares vale todo. Una jueza decide, por sí y ante sí, que no se aplica el principio jurídico sagrado de que siempre se presume la inocencia salvo que se pruebe lo contrario, de que nadie está obligado a probar o declarar en su contra. Y la superintendencia del órgano máximo de la Justicia no ha aparecido ni para pedir explicaciones.

La Constitución prohíbe desde siempre las "pesquisas secretas", propias de los Estados fascistas y comunistas, pero jerarcas de los órganos fiscales sostienen que esos mecanismos son necesarios y punto. Desde ya que con un militar o policía no hay prescripción de los delitos, ni hay irretroactividad de la ley ni aun cosa juzgada. En una palabra, lo que hizo la dictadura con los guerrilleros, ahora lo hace el Estado con los militares y policías; y así como antes, quien invocara el derecho, sería acusado de cómplice del terrorismo, quien hoy escriba lo que estoy escribiendo, será de inmediato apostrofado de cómplice de la dictadura. Aunque haya luchado sin pausa contra ello. Esto tampoco importa mucho, porque para eso se está reescribiendo la historia. En la puerta de la Universidad de la República, un gran cartel convoca sobre el tema "Niños y jóvenes desaparecidos en dictadura (1968-1985)", haciendo creer que en 1968 existía una dictadura, cuando había un gobierno electo, los poderes funcionaban y en 1971 se llegó a una elección en que hasta ganó el oficialismo y el Frente Amplio compareció por primera vez. El famoso libro de Primaria, el del retrato del Che Guevara, trabaja la misma idea y a las mentes infantiles les trata de legitimar la acción violenta de las organizaciones que quisieron destruir la democracia uruguaya bajo la inspiración cubana.

Hemos llegado al colmo de establecer por ley -la N° 18.026, de 2006-, violando el Tratado de Roma, que el terrorismo sólo lo puede ejercer el Estado, que no hay terrorismo privado. O sea que ETA, Bin Laden o las FARC, no son terroristas. En un grosero intento de justificar lo que en su tiempo ocurrió en el país y que generosamente la sociedad uruguaya perdonó, votando una amnistía que trata de ignorarse sistemáticamente.

Como una lenta marea, esta situación nos va arrastrando. Hasta la corrosiva inflación está en el horizonte. Y si no reaccionamos, el día en que el mundo exterior nos deje de alimentar con su rumboso comercio internacional, ese Valium que todo lo calma, ¿con qué sociedad nos encontraremos? Presidente: "hay que mandar parar".

El País Digital tags: por julio maria sanguinetti autor:
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El Escudo de los Débiles

Muchos creen que la Misión del Partido Colorado (es decir, su razón de existir) es ser "El Escudo de los Débiles".

Esta creencia conlleva la necesidad – para que el Partido Colorado exista - que abunden los "débiles" en la sociedad, ya que si no hay personas débiles ¿para qué queremos algo que les oficie de escudo?

Hasta la década de 1980 en Nueva Zelandia habían muchos débiles. Allá también habían Partidos políticos que querían proteger a los “débiles” y escogieron “escudos” similares a los que utilizamos en Uruguay:

-        a los trabajadores débiles de habilidades, conocimientos y actitudes, les pusieron el escudo del empleo público y del sindicalismo

-        a los empresarios débiles de innovación, creatividad y competitividad, les pusieron el escudo de los subsidios y los reintegros a la exportación,

-        a los padres débiles de carácter, disciplina y deseos de superación, les pusieron el escudo de la escuela obligatoria

-        y a los ciudadanos tontos, ineptos y retardados, les pusieron el escudo de los monopolios a los seguros, la luz, el agua y el teléfono para que no se  equivocaran a la hora de elegir

Pero a partir de 1980, NZ decidió hacer una gran reforma donde redujo el tamaño del Estado, eliminó subsidios, liberó la economía y fortaleció su sistema educativo, lo que llevó a aumentar el PBI y la calidad de vida de sus ciudadanos. Cambiaron el escudo del Estado por los escudos de la inteligencia, la eficiencia, la transparencia y el libre mercado. Ahora en NZ ya casi no quedan "débiles". Si los Colorados actuaran en ese país, hoy estarían todos sin trabajo.

Muy distinto sería que el Partido Colorado se proclamara como el "Partido que potencia los talentos", "el que despeja de obstáculos a las iniciativas individuales" o "el que protege los logros bien habidos" de sus ciudadanos.

Me pregunto si  bajo el concepto de "Escudo de los Débiles” es que el Gobierno Municipal de Salto (en manos de Vamos Uruguay) se dedica a administrar una empresa de ómnibus de transporte colectivo, a competir con los privados ofreciendo hotelería y termas, a firmar acuerdos generosos con sus excesivos empleados públicos y a seguir destinando el 70% de su presupuesto a sueldos y gastos y menos del 15% a obras.

Ahora que se viene un Congreso Ideológico en el Partido Colorado es una buena oportunidad para aclarar tajantemente estos temas. Porque si éstos son los "escudos" que encontraron los gobernantes colorados para defender a los débiles en el siglo XXI, ¡pobres débiles!

Dr. Guillermo Sicardi, MBA

La Brótola del Pepe

Antes de ser nuestro Presidente, el Pepe fue Ministro de Agricultura y Pesca. Por lo único que se lo recuerda es por el famoso “Asado del Pepe”, un engendro transado con los Frigoríficos y los carniceros para que el Pepe pudiera quedar como el paladín de los pobres ofreciendo unos cortes llenos de grasa y huesos a $ 40 el kilo. Era una porquería, pero costaba la mitad que el precio de exportación.

Ahora la carne vuelve a subir por la sencilla razón que hay más demanda y menos vacas para faenar. El PIT-CNT acusa de “inmorales” a quienes están en la cadena cárnica (productores-frigoríficos-carniceros-exportadores) porque ninguno de éstos quiere vender barato en plaza.

El problema es que está todo caro: la carne vacuna y también la de cerdo, las aves y el pescado. No es fácil pasarse a un “sustituto cercano”. Y no es el Pepe el que va a presionar a los productores y comerciantes para bajar los precios, sino que será el propio mercado el que lo haga por el simple juego de la oferta y la demanda.

El bife de Brótola, está a $ 325 el kilo. Comer pescado es mucho más sano que comer carnes rojas. Sería bueno que el Pepe hablara con su amigo Fernández, el dueño de FRIPUR, ése que le prestó la avioneta, le pagó la fiestita de asunción del cargo y le regaló la banda presidencial, para lograr una baja en los precios del sano y nutritivo producto del mar.

Ya que el dueño de FRIPUR es un “empresario progresista” y “sensible a las necesidades del pueblo”, podría vender en plaza la Brótola a 50 pesos el kilo, en vez de $ 325. Sería un nuevo éxito para el Pepe. Implicaría otra violación a las reglas del libre mercado, pero … ¡qué le hace una mancha más al tigre!

Lo importante es que todos estaríamos muy contentos comiéndonos “La Brótola del Pepe”. Hoy ya lo hacemos, pero sin tanta alegría.

Dr. Guillermo Sicardi, MBA