El Frente Amplio le da la espalda a la democracia

Estado de negación

Ope Pasquet

La derrota de la papeleta rosada en el plebiscito del pasado 25 de Octubre está produciendo efectos sorprendentes y, desde el punto de vista democrático, francamente lamentables.

No nos referimos, obviamente, a la desazón que el resultado adverso causó entre los promotores de la anulación de la Ley de Caducidad.

Nos referimos al “estado de negación” –creo que era el título de un libro de Bob Woodward acerca del presidente Bush y la guerra de Irak- en el que cayó buena parte de la dirigencia frenteamplista y sindical al verse frustradas sus expectativas.

No se niega el resultado mismo ni su consecuencia jurídica inexorable (la enmienda constitucional no fue aprobada por el soberano), lo que ya sería demencial, pero sí su significado político evidente, que es que la ciudadanía no quiso anular la Ley de Caducidad.

Frente a este hecho, hay quienes siguen diciendo hoy, con toda calma y naturalidad, que “el pueblo uruguayo rechaza la ley de impunidad”. Tras sentar esta premisa, que es para ellos el equivalente de una verdad revelada para las personas de fe religiosa (es decir, una verdad que no admite prueba en contrario, ni refutación racional), los talibanes de la papeleta rosada dan resueltamente el paso siguiente, que es el de descalificar el veredicto de las urnas. Ya no pueden decir que se debió al temor de la población frente a los militares (Tabaré Vázquez es presidente, Gregorio Álvarez está preso). Por lo tanto, lo atribuyen a la desinformación de algunos, a la ignorancia de otros, a la “insensibilidad criminal” (alguien usó esta expresión) de otros más.

Naturalmente, a la cabeza de los grandes culpables están los medios de comunicación, pese a que el SÍ hizo campañas publicitarias que quienes se oponían a anular la ley no hicieron, y pese a que todas las mediciones muestran que los candidatos frentistas (partidarios de la anulación) tuvieron mucho más tiempo en las pantallas chicas que sus adversarios.

La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en la semana del plebiscito, pero esta ayuda involuntaria a su causa –debida seguramente a la ciega rigidez de los plazos procesales, que los ministros de la Corte jamás manipulan- y su repercusión mediática tampoco fueron tenidas en cuenta por los personeros de la papeleta rosada, que siguen posando de víctimas de un “sistema” del que han pasado a ser los dominadores.

La verdad es que la segunda ratificación popular de la Ley de Caducidad no se gestó en las altas esferas del Poder Ejecutivo, del Parlamento ni de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco en los canales de televisión, ni en las cámaras empresariales, ni mucho menos en los cuarteles; no se debió esta vez al fuerte liderazgo que en su día ejercieron Wilson Ferreira y Julio María Sanguinetti, sino que surgió espontáneamente de los seis mil y pocos cuartos secretos diseminados por las ciudades, pueblos, villas y zonas rurales de todo el país, donde los ciudadanos uruguayos pudieron votar a conciencia y con libertad. Por eso los derrotados tienen nombres y apellidos, pero no hay nadie que pueda reclamar para sí la victoria.

A esta altura es por todos sabido que hubo muchos votos colorados y blancos con la papeleta rosada, así como los hubo frenteamplistas sin ella; no es posible, aunque a algunos les cueste admitirlo, trazar una línea divisoria que separe con claridad a los Buenos de los Malos. Votó la ciudadanía, no los partidos.

El pronunciamiento del Cuerpo Electoral merece acatamiento y respeto.
Sería bueno que lo reconociesen los falsos demócratas, esos que a pocos días del plebiscito, anuncian públicamente que ya traman nuevas iniciativas para ganar en la liga lo que perdieron, con todas las de la ley y el viento a favor, en la cancha.