por Julio Maria Sanguinetti | Ex Presidente del Uruguay
Tiempos extraños los que vivimos. Diálogo político fluido, bonanza económica internacional como nunca antes, mayoría parlamentaria del oficialismo, oposición respetuosa, un Presidente que habla calmo y hasta reconoce logros de gobiernos anteriores. Cualquiera diría que el ciudada- no uruguayo puede sentirse cómodo, más allá de las naturales diferencias de opinión. Sin embargo, detrás de esa escena casi mirífica, nos encontramos con una sociedad atemorizada por el delito y una educación que se cae a pedazos.
La sumatoria de estos dos factores ha llevado a un real desasosiego. Los jóvenes fueron a los liceos y ya el primer día prácticamente no hubo clase. Cuando los números nos acorralan con la evidencia de que la mitad no termina secundaria y de que un tercio de la generación entre 14 y 24 años ni estudia ni trabaja (la nueva generación "ni-ni"), la única respuesta conocida es tirar un millón de dólares para repartir un subsidio a alumnos a los que sólo les basta ir a clase… En vez de premiar a los mejores, para alentar la superación por medio del esfuerzo inteligente, la respuesta es subsidiar a los peores para que no falten, aunque no estudien, que esto parece no importar.
Esta terrible antipedagogía se emparienta, también, con las famosas contribuciones en dinero que, en vez de tender a superar la pobreza, la enquistan para siempre. Ese necesitado que recurre a la ayuda del Estado, sigue siendo tan pobre como antes, continúa en su misma vivienda y no accede a mecanismos de aprendizaje técnico u oportunidades educativas que le permitan mirar hacia arriba. Seguirá tan pobre como antes y su hijo crecerá viendo a su padre sin trabajar, haciendo alguna changa para complementar el subsidio y con ello darse algún gusto. Eso sí, el gobierno puede mostrar, estadísticamente, que el ingreso de esa persona ha mejorado y "salió" de la pobreza. La realidad nos dice que, lejos de salir, se quedó para siempre, como un mendigo presupuestado.
Lo peor de estas dádivas, que van minando los valores de la sociedad, es que, aplicadas también en Brasil y Argentina, han rendido electoralmente. Esa gente dependiente pierde su libertad de conciencia.
Todo esto se acompaña con elementos que hacen a la sustancia de la democracia. La ley de caducidad se ratificó dos veces por el cuerpo electoral. No hay jurista que se atreva a decir que el gobierno o el parlamento tienen capacidad para modificar lo que resolvió el órgano máximo de la soberanía. Pero no se hace caso, porque contra los militares vale todo. Una jueza decide, por sí y ante sí, que no se aplica el principio jurídico sagrado de que siempre se presume la inocencia salvo que se pruebe lo contrario, de que nadie está obligado a probar o declarar en su contra. Y la superintendencia del órgano máximo de la Justicia no ha aparecido ni para pedir explicaciones.
La Constitución prohíbe desde siempre las "pesquisas secretas", propias de los Estados fascistas y comunistas, pero jerarcas de los órganos fiscales sostienen que esos mecanismos son necesarios y punto. Desde ya que con un militar o policía no hay prescripción de los delitos, ni hay irretroactividad de la ley ni aun cosa juzgada. En una palabra, lo que hizo la dictadura con los guerrilleros, ahora lo hace el Estado con los militares y policías; y así como antes, quien invocara el derecho, sería acusado de cómplice del terrorismo, quien hoy escriba lo que estoy escribiendo, será de inmediato apostrofado de cómplice de la dictadura. Aunque haya luchado sin pausa contra ello. Esto tampoco importa mucho, porque para eso se está reescribiendo la historia. En la puerta de la Universidad de la República, un gran cartel convoca sobre el tema "Niños y jóvenes desaparecidos en dictadura (1968-1985)", haciendo creer que en 1968 existía una dictadura, cuando había un gobierno electo, los poderes funcionaban y en 1971 se llegó a una elección en que hasta ganó el oficialismo y el Frente Amplio compareció por primera vez. El famoso libro de Primaria, el del retrato del Che Guevara, trabaja la misma idea y a las mentes infantiles les trata de legitimar la acción violenta de las organizaciones que quisieron destruir la democracia uruguaya bajo la inspiración cubana.
Hemos llegado al colmo de establecer por ley -la N° 18.026, de 2006-, violando el Tratado de Roma, que el terrorismo sólo lo puede ejercer el Estado, que no hay terrorismo privado. O sea que ETA, Bin Laden o las FARC, no son terroristas. En un grosero intento de justificar lo que en su tiempo ocurrió en el país y que generosamente la sociedad uruguaya perdonó, votando una amnistía que trata de ignorarse sistemáticamente.
Como una lenta marea, esta situación nos va arrastrando. Hasta la corrosiva inflación está en el horizonte. Y si no reaccionamos, el día en que el mundo exterior nos deje de alimentar con su rumboso comercio internacional, ese Valium que todo lo calma, ¿con qué sociedad nos encontraremos? Presidente: "hay que mandar parar".
El País Digital tags: por julio maria sanguinetti autor:
Fecha: 1300623935 IP: 190.64.196.162
Tiempos extraños los que vivimos. Diálogo político fluido, bonanza económica internacional como nunca antes, mayoría parlamentaria del oficialismo, oposición respetuosa, un Presidente que habla calmo y hasta reconoce logros de gobiernos anteriores. Cualquiera diría que el ciudada- no uruguayo puede sentirse cómodo, más allá de las naturales diferencias de opinión. Sin embargo, detrás de esa escena casi mirífica, nos encontramos con una sociedad atemorizada por el delito y una educación que se cae a pedazos.
La sumatoria de estos dos factores ha llevado a un real desasosiego. Los jóvenes fueron a los liceos y ya el primer día prácticamente no hubo clase. Cuando los números nos acorralan con la evidencia de que la mitad no termina secundaria y de que un tercio de la generación entre 14 y 24 años ni estudia ni trabaja (la nueva generación "ni-ni"), la única respuesta conocida es tirar un millón de dólares para repartir un subsidio a alumnos a los que sólo les basta ir a clase… En vez de premiar a los mejores, para alentar la superación por medio del esfuerzo inteligente, la respuesta es subsidiar a los peores para que no falten, aunque no estudien, que esto parece no importar.
Esta terrible antipedagogía se emparienta, también, con las famosas contribuciones en dinero que, en vez de tender a superar la pobreza, la enquistan para siempre. Ese necesitado que recurre a la ayuda del Estado, sigue siendo tan pobre como antes, continúa en su misma vivienda y no accede a mecanismos de aprendizaje técnico u oportunidades educativas que le permitan mirar hacia arriba. Seguirá tan pobre como antes y su hijo crecerá viendo a su padre sin trabajar, haciendo alguna changa para complementar el subsidio y con ello darse algún gusto. Eso sí, el gobierno puede mostrar, estadísticamente, que el ingreso de esa persona ha mejorado y "salió" de la pobreza. La realidad nos dice que, lejos de salir, se quedó para siempre, como un mendigo presupuestado.
Lo peor de estas dádivas, que van minando los valores de la sociedad, es que, aplicadas también en Brasil y Argentina, han rendido electoralmente. Esa gente dependiente pierde su libertad de conciencia.
Todo esto se acompaña con elementos que hacen a la sustancia de la democracia. La ley de caducidad se ratificó dos veces por el cuerpo electoral. No hay jurista que se atreva a decir que el gobierno o el parlamento tienen capacidad para modificar lo que resolvió el órgano máximo de la soberanía. Pero no se hace caso, porque contra los militares vale todo. Una jueza decide, por sí y ante sí, que no se aplica el principio jurídico sagrado de que siempre se presume la inocencia salvo que se pruebe lo contrario, de que nadie está obligado a probar o declarar en su contra. Y la superintendencia del órgano máximo de la Justicia no ha aparecido ni para pedir explicaciones.
La Constitución prohíbe desde siempre las "pesquisas secretas", propias de los Estados fascistas y comunistas, pero jerarcas de los órganos fiscales sostienen que esos mecanismos son necesarios y punto. Desde ya que con un militar o policía no hay prescripción de los delitos, ni hay irretroactividad de la ley ni aun cosa juzgada. En una palabra, lo que hizo la dictadura con los guerrilleros, ahora lo hace el Estado con los militares y policías; y así como antes, quien invocara el derecho, sería acusado de cómplice del terrorismo, quien hoy escriba lo que estoy escribiendo, será de inmediato apostrofado de cómplice de la dictadura. Aunque haya luchado sin pausa contra ello. Esto tampoco importa mucho, porque para eso se está reescribiendo la historia. En la puerta de la Universidad de la República, un gran cartel convoca sobre el tema "Niños y jóvenes desaparecidos en dictadura (1968-1985)", haciendo creer que en 1968 existía una dictadura, cuando había un gobierno electo, los poderes funcionaban y en 1971 se llegó a una elección en que hasta ganó el oficialismo y el Frente Amplio compareció por primera vez. El famoso libro de Primaria, el del retrato del Che Guevara, trabaja la misma idea y a las mentes infantiles les trata de legitimar la acción violenta de las organizaciones que quisieron destruir la democracia uruguaya bajo la inspiración cubana.
Hemos llegado al colmo de establecer por ley -la N° 18.026, de 2006-, violando el Tratado de Roma, que el terrorismo sólo lo puede ejercer el Estado, que no hay terrorismo privado. O sea que ETA, Bin Laden o las FARC, no son terroristas. En un grosero intento de justificar lo que en su tiempo ocurrió en el país y que generosamente la sociedad uruguaya perdonó, votando una amnistía que trata de ignorarse sistemáticamente.
Como una lenta marea, esta situación nos va arrastrando. Hasta la corrosiva inflación está en el horizonte. Y si no reaccionamos, el día en que el mundo exterior nos deje de alimentar con su rumboso comercio internacional, ese Valium que todo lo calma, ¿con qué sociedad nos encontraremos? Presidente: "hay que mandar parar".
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