por Guillermo Sicardi*publicado en Búsqueda el jueves 28 de junio de 2012.
La lista de empleados públicos no se limita a quienes
figuran en la plantilla del Estado bajo el “Rubro 0” del presupuesto nacional.
Hay miles de empleados que trabajan para y sirven al Estado y no son empleados
públicos. Y viceversa: hay miles de empleados que trabajan para y sirven a los
privados y sin embargo cobran el sueldo a través del Estado.
Me explico con algunos ejemplos. Los
Escribanos Públicos son considerados trabajadores de la actividad privada,
aunque dedican gran parte de su tiempo a servir al Estado, más que a sus
clientes. No son los clientes los que necesitan de un Escribano cuando compran
un auto, hacen un contrato o ingresa un nuevo socio a la sociedad, sino que es
el Estado quien lo exige. Son pocos los casos en que el cliente consulta al
profesional en forma voluntaria y la mayoría de las veces lo hacen por exigencia
estatal.Lo mismo sucede con los Contadores Públicos. Me animo a decir que el 70% de su trabajo no lo dedican a agregar valor a sus clientes, sino a “liquidar impuestos”, tarea que beneficia más a la DGI que a la propia empresa que paga los honorarios del Contador.
Podemos seguir con los Despachantes de Aduana, una profesión en vías de extinción (como lo fue la de Corredor de Cambios ante el BROU). Su principal tarea ha sido la de empujar y aceitar trámites por los tortuosos y burocráticos vericuetos de la Aduana; que hoy son empujados casi automáticamente por el “expediente electrónico” y aceitados por la transparencia que brinda la propia tecnología, no el amiguismo con los funcionarios.
Podemos continuar la lista con los famosos “gestores” de jubilaciones, de habilitaciones municipales o de licitaciones y hasta los hubo por hacer fila en la madrugada y así obtener un número que permitiera renovar la cédula de identidad.
Estas actividades han sido -y algunas aún lo son- excelentemente remuneradas gracias a un Estado paquidérmico, que durante décadas fue poniendo obstáculos a la actividad de los ciudadanos. Si tuviéramos un Estado eficiente, las mismas no existirían o muy poco se pagaría por ellas.
Toda la inversión que hizo la sociedad y los propios profesionales en obtener sus títulos, no estaba pensada para que terminaran realizando tareas más manuales que intelectuales. Y me consta que muchos de ellos no disfrutan de realizarlas, puesto que carecen del más mínimo desafío profesional; aunque sí disfrutan al cobrar los honorarios que imponen los aranceles de sus respectivas corporaciones.
Por otro lado, existen en el Estado profesiones muy mal remuneradas y que –de estar bien ejecutadas sus tareas (cosa que hoy no sucede)- sí agregarían inmenso valor a los clientes, como es el caso de docentes y policías.
Es inconcebible que por “empujar papeles” se cobre más que por preparar las mentes de los jóvenes educandos y que por saber lidiar con la burocracia, se gane mucho más que por brindar seguridad a las personas y sus patrimonios.
Este reino del revés algún día se tendrá que corregir, y serán los consumidores, bajo el goce de la plena libertad de mercado y con menos burocracia del Estado, los que podrán decidir si vale más un Certificado o un Despacho, que un joven bien educado y una familia bien protegida.
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