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viernes, marzo 29, 2013

El estatismo municipal nos carcome

 
 
 
 
Como la Suprema Corte de Justicia va a declarar inconstitucional el ICIR (impuestos a la concentración de inmuebles rurales), ahora son los intendentes, (frenteamplistas, blancos y colorados) los que están dispuestos a ir contra el contribuyente para cobrar un nuevo impuesto y así poder tapar pozos y hacer caminería rural.
 
 
 
Hoy no lo pueden hacer porque TODAS LAS INTENDENCIAS (incluso las administradas por blancos y por colorados), gastan casi el 70% de los ingresos en sueldos y gastos de funcionamiento.
 
Hablan mucho de "la madre de todas las reformas", la reforma del Estado, pero ninguno tiene la voluntad ni la valentía de disminuir la cantidad de empleados públicos, la gran causa de la mayoría de nuestros males.
 
Canelones tiene 5000 empleados públicos, la mayoría ingresados durantes las pésimas gestiones de Hackenbruch (colorado) y Andújar (blanco) pero que Carámbula (frente amplio) jamás hizo nada para modificar. 
 
En Salto, lo que se recauda por impuestos locales, no alcanza para pagar los sueldos, apenas da para cubrir el 97%. Por lo tanto, cada vez que el Intendente Coutinho (Vamos Uruguay) corta una cinta inaugurando una obra, lo hace con dinero que le llega desde el Gobierno Central.
 
“Vamos a escuchar al presidente y le vamos a plantear la necesidad de encontrar alternativas de forma urgente”, dijo a El Observador el intendente de Colonia, Walter Zimmer.
 
Los intendentes (y en especial los blancos y colorados) deberían apuntar hacia la reducción de los gastos, no a los aumentos de impuestos. Es la hora que los empleados públicos -no los contribuyentes- sean los que carguen con el peso de generar ahorros. Deberán ver reducidos sus sueldos, renunciar a sus aguinaldos en forma "solidaria" con la población, reducir a 10 días de licencia paga (sin paga que se tomen licencia los 365 días del año), y por supuesto, eliminar cargos.
 
En los planes está  destinar US$ 500 millones para el mantenimiento de los caminos. De esa cifra en primera instancia  se prevé que US$ 50 millones se usen para comprar maquinaria por parte de las empresas regionales que se constituyeron por derecho privado. 
 
Estamos en un gran momento de creación de empleos que el Gobierno se jacta un día sí y otro también. ¿Por qué no aprovechan para pasar empleados de la actividad pública a la actividad privada? ¿Acaso no es un buen momento para hacerlo? 
 
No veo con qué argumentos los partidos Colorado y Nacional nos van a pedir que los votemos para sacar al Frente Amplio en Montevideo. ¿Cuál es la diferencia en la gestión de las distintas comarcas? ¿Pueden mostrar indicadores de gestión para que los podamos evaluar, como se evalúa a cualquier gerente en las empresas medianamente organizadas?
 
Por último y no menos importante. Uruguay no necesita 19 circunscripciones territoriales para administrar un pedacito de tierra de menos de 180.000 kilómetros cuadrados. Con 5 divisiones alcanza y sobra. Los Intendentes deberían proponer reducirse de 19 a 5. Seguramente si ahorramos todos esos costos de sueldos, burocracia e infraestructura innecesaria, no sería necesario volver a castigar al contribuyente.
 
Hasta el propio Poder Ejecutivo está organizando una "planificación estratégica" en este sentido. Dice Búsqueda: "Las regiones en las que el gobierno dividió el país son cinco: Metropolitana (Montevideo, San José y Canelones), Este (Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja), Centro-Sur (Flores, Florida y Durazno),Litoral (Colonia, Soriano y Río Negro) y Norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo)."
 
Pero no lo harán. Y al no hacerlo, perderán la poca credibilidad que les queda y nos seguirán sumiendo en la mediocridad y la pobreza.

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